Chihuahua y Sonora se encuentran en el ojo del huracán tras el asesinato de 11 miembros de la familia LeBarón. Ante la situación, el gobernador de Javier Corral ha optado por deslindarse del asunto culpando al Gobierno Federal y de Sonora. No obstante, el Grupo de Coordinación Chihuahua por la Construcción de la Paz, señala que hubo falta de autoridad y presencia policíaca.
El día de ayer el gobernador panista se pronunció a través de una de sus cuentas de Twitter:
Lamentamos y condenamos la tragedia de la Familia LeBaron, en la masacre ocurrida ayer; enviamos a sus familiares nuestras condolencias. La @Fiscalia_Chih colaborará en todo con las autoridades federales y locales de Sonora para que se haga justicia y se dé con los responsables.
Los hechos ocurrieron el día lunes entre los límites de Sonora y Chihuahua, cuando la familia Le Barón intentaba cruzar a Arizona. Sin embargo, fue hasta el 3 de noviembre, cuando el gobernador de Chihuahua se hizo cargo de la estrategia de seguridad.
“Este día tendremos varias reuniones del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al Plan Especial Juárez. Contamos con una buena colaboración y respuesta de la Federación. Vienen operativos importantes”, señaló el gobernador.
A pesar de haberse deslindado de la responsabilidad y asegurar colaboración entre los tres niveles de gobierno, el diagnóstico elaborado por el Grupo de Coordinación Chihuahua por la Construcción de la Paz, muestra que hubo falta de autoridad y presencia policiaca.
“Cuerpos de seguridad con efectivos reducidos, insuficientes para cubrir la totalidad de las zonas con ausencia de autoridades”, menciona el diagnóstico en su punto C de un análisis de al realidad en la que se aclaran fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
De igual manera, días antes, Julián LeBarón, activista social, denunció el acoso de grupos del crimen organizado, no solo contra su familia, sino también a otros miembros de la comunidad mormona. La Fiscalía General de Chihuahua no respondió a la denuncia de LeBarón y de otras anteriores que hicieron miembros de la comunidad, debido a la insuficiente cobertura de elementos policiacos, lo cual contradice la versión del gobernador y señala directamente su responsabilidad en el caso.
