Foto: Diario Crítica/ guerrillero.cu/ miguelangeluna.com
Pedro Antonio Enríquez Soto, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nayarit, fue llevado al Penal de Tepic «Venustiano Carranza», en Nayarit, esta acción fue tomada para continuar con el proceso en su contra por su supuesta participación en el megafraude donde se vieron afectados 60 mil derechohabientes del Infonavit. Cabe mencionar que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nayarit enfrentaba en libertad un juicio en su contra por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.
Pedro Antonio Enríquez Soto fue vinculado a proceso desde el 9 de mayo pasado, el exfuncionario enfrentaba su proceso en libertad, gracias a una garantía económica de 15 millones de pesos que se le impuso. Sin embargo, fue solicitado el cambio de la medida cautelar a prisión preventiva, solicitud que fue aceptada. Debido a ello el exmagistrado fue llevado al penal Venustiano Carranza. Elementos de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatales fueron los responsables de trasladar a Enríquez Soto a la prisión ubicada sobre el Boulevard Tepic-Xalisco.
Por otra parte, el juicio en contra de este exmagistrado se inició posteriormente de que se informara de un megafraude de 2013 a 2018 donde resultaron afectados alrededor de 60 mil derechohabientes, los implicados en el fraude fueron Pedro Antonio Enríquez Soto, otro magistrado y cuatro jueces de Nayarit.
Asimismo, debido a este fraude, despachos de cobranza que laboran externamente para el Infonavit realizaron una auditoría, en la que el daño patrimonial es de 2 mil 50 millones de pesos en contra de beneficiarios, luego de varios juicios masivos e irregulares en los que se vio involucrado el exmagistrado.
Cabe mencionar que a pesa de que esta investigación se lleva a cabo en Nayarit, también se investigan fraudes a derechohabientes del Infonavit en diferentes estados que son: Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, donde los beneficiarios fueron despojados de sus viviendas tras realizarse el mismo tipo de juicios.
Con información de La Razón
