Foto: PanamPost/Culturacolectiva/TwPRI
De acuerdo a información proporcionada por Animal Político, en un Tribunal federal se confirmó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa fue condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Asimismo, la titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola manifestó que las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR), fueron necesarias para sostener que Duarte participó en un entramado criminal donde, a través de empresas fantasmas y prestanombres, consiguió desviar recursos.
La magistrada decomisó más de 40 propiedades supuestamente ligadas al exgobernador, las cuales se habían ordenado como parte de la condena, y señaló que se trata de bienes procesados que aún no son condenados y tienen que esperarse hasta que el caso culmine.
De igual forma, Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la cual se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio; pero a cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima, gracias a un acuerdo previo con la PGR, para retirarle el delito más grave que era «la delincuencia organizada».
Finalmente, la magistrada expusó que el propio exgobernador aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, en donde se resta la posibilidad de entrar a fondo al caso.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye Porras Odriozola.
Con información de Animal Político.