Foto: Expansión / El Sol de Morelia / Audacy / SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propuso para el 2022 que haya penas de 3 a 8 años de prisión para las empresas que vendan producto de procedencia ilícita.
Lo anterior, está dirigido a empresas que distribuyan la cadena de hidrocarburos y petrolíferos y que no cuenten con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles.
Por otro lado, también se propuso pena de 6 a 12 años para aquellas empresas que vendan producto de procedencia ilícita, todo con el fin de proteger al consumidor.
Reforma reportó que Alejandro Montufar, director de Petrointelligence, indicó que la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo producto ilegal, se considera excesiva la privación de la libertad.
Datos de la Comisión Reguladora de Energía, indican que existen 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, en donde 34 son para almacenar gas LP, 4 mil 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP.
Con información de Reforma.
