El Gobierno del Estado de México interpuso recursos de revisión en juicios de amparo, donde los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de casi 10 millones de Libros de Texto Gratuitos ya entregados a los alumnos para el ciclo escolar 2023-2024.
Fue en representación de la Gobernadora del Estado de México, que la Consejería Jurídica estatal interpuso recursos de revisión en juicios de amparo promovidos por doce padres de familia en contra de la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, en los niveles educativos preescolar, primaria y secundaria del Estado de México.
Según informó el gobierno estatal mediante un comunicado «La decisión del Tribunal Colegiado Federal daña gravemente el interés superior de más de 3.1 millones de estudiantes mexiquenses de educación básica, al privarles de una educación completa y de calidad, afectando su libertad de elección y pensamiento sobre qué lecturas conocer o no.»
Lo anterior, según se informa en el comunicado, tomando en cuenta que quienes solicitaron el amparo fueron «únicamente 12 padres de familia; consideraciones que los magistrados federales no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales.»
La consejería jurídica argumentó además que la suspensión de los actos de las autoridades educativas tendrían efectos generales en millones de educandos y no únicamente en los hijos de quienes promovieron el amparo, violando las reglas básicas del juicio de amparo que sólo es procedente a petición de la parte afectada.
«La determinación judicial viola este derecho de millones de educandos, al prohibirles el uso de 9 millones 804 mil 777 libros de texto gratuitos que ya se encuentran en sus manos; trastocando además su libertad de pensamiento y expresión en su vertiente de
poder elegir con entera libertad qué material o lecturas adoptar en su formación personal.»
El Gobierno del Estado de México denunció la recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por ello, el Gobierno del Estado de México exhortó a los jueces y magistrados federales «a ser sensibles a la realidad social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción.»