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Durante la conferencia matutina del presidente mexicano, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, advirtió el riesgo que representa eliminar la prisión preventiva oficiosa, debido a que de darse la situación esto causaría la liberación de alrededor de 68 mil presuntos criminales a nivel nacional.
«Eliminar la prisión preventiva de oficio dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes en el país«, expuso la secretaria de Gobernación.
Uno de los temas que más discusión ha generado esta semana ha sido la posibilidad que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminen la prisión preventiva oficiosa.
La cuestión fue abordada durante la conferencia matutina presidencial el pasado 16 de abril, donde la secretaria de Gobernación dio los motivos del porqué la propuesta es tan riesgosa, argumentando que la prisión preventiva es una medida cautelar para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, homicidio doloso o violencia sexual, entre otros.
De acuerdo con lo denunciado por Luisa Alcalde el impacto recaería en los actuales presuntos delincuentes que son 11 mil 640 quienes están acusados de homicidio, 7 mil 150 de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 de delincuencia organizada.
Advirtió que la reincidencia criminal es otro problema debido a que con la liberación de estos individuos se pone en peligro a los testigos, víctimas, personal policíaco, fiscalías locales, jueces y demás involucrados; además de que disminuirían las denuncias de situaciones similares por implicar que los denunciantes también correrían peligro.
«Se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga«, alertó Luisa María Alcalde.
La funcionaria detalló que la entidad federativa que más resultaría afectada por esta iniciativa sería el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión, además de Jalisco donde se hayan 8 mil 342 individuos acusados y Veracruz con 4 mil 554 presuntos delincuentes.
Cabe resaltar que esta iniciativa se está discutiendo en la SCJN debido a la resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia judicial que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes instan a México a llevar a cabo la reforma de su marco normativo.
Es por ello que la secretaria de Gobernación también expuso que, de darse la abolición de la prisión preventiva, se estaría vulnerando «la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse».
«Cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución. (…) El artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación«, añadió.
Finalmente, hizo un llamado a la SCJN para que respete la Constitución, «la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones«.