Foto: FMI
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México informan que ayer, 13 de noviembre, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más, lo que constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas. A solicitud de las autoridades mexicanas el nivel de acceso pasó de 300% a 200% de la cuota de México en el FMI.[1]
La evaluación del Directorio Ejecutivo destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder —de ser necesario y sin condicionalidad— a los recursos disponibles a través de este instrumento. Asimismo, el FMI resaltó que México mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria. Adicionalmente, el organismo reconoció que la supervisión y la regulación financiera son eficaces, lo cual fortalece la resiliencia del sistema y la estabilidad macroeconómica.
Considerando el balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México en caso de una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos, las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia gradual y ordenada de salida y reducir el nivel de acceso de la LCF. En consecuencia, la Comisión de Cambios solicitó una nueva LCF por dos años más, con un nivel de acceso menor, equivalente a 17.8254 mil millones de derechos especiales de giro —esto es, aproximadamente 24 mil millones de dólares.
La LCF es un instrumento precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas del Estado mexicano para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera. Las autoridades mexicanas refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad y a un crecimiento económico sostenible e incluyente.