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Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025 – La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La acusación está relacionada con la pensión vitalicia que, según la FGR, Casar obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
Los detalles de la acusación
Según documentos del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial en contra de Casar y otras dos personas. El delito que se les imputa está previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal y puede aplicarse tanto a servidores públicos como a ciudadanos que «soliciten o promuevan» autorizaciones o adjudicaciones indebidas de contenido económico.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza, informó que Márquez Padilla laboró en la paraestatal durante 129 días en 2004, y señaló que Casar habría cobrado una pensión mensual de 125 mil pesos, lo que acumularía un monto de alrededor de 31 millones de pesos.
Proceso legal y contexto
La audiencia inicial está programada para el 16 de diciembre de 2025. En ella, se darán a conocer los resultados de la investigación y las conductas específicas que se imputan. Al no ser un delito grave, de decretarse la vinculación a proceso, los acusados podrían seguir su juicio en libertad condicional.
Cabe destacar que Pemex suspendió el pago de dicha pensión en febrero de 2024. En respuesta, María Amparo Casar interpuso un juicio de amparo, y un juzgado federal ordenó a la paraestatal reintegrar el pago, según la información publicada.
El caso pone en el centro del debate público a una de las figuras más reconocidas en la lucha contra la corrupción en México, quien ahora enfrenta una acusación penal promovida por el propio Estado.
Con información de La Jornada