Foto: Grupo Salinas
Ciudad de México, 13 de enero de 2026 — El magnate Ricardo Salinas Pliego elevó hoy su conflicto con el gobierno federal a un escenario internacional, al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que califica como una persecución política sistemática en su contra desde el año 2023.
En una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, Salinas Pliego entregó un expediente de más de 100 páginas en el que solicita que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
Los ejes de la denuncia
A través de un comunicado de Grupo Salinas y publicaciones en su cuenta de X, el empresario detalló los puntos centrales de su queja:
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Criminalización de la crítica: Acusa al gobierno de usar medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar su reputación y la de sus empresas.
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Hostigamiento administrativo y fiscal: Afirma que sus compañías han sido objeto de auditorías excesivas por parte del aparato estatal. Señala que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias, la autoridad responde con negativas, mostrando un fin coercitivo y no recaudatorio.
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Captura del Poder Judicial: Sostiene que la reforma judicial ha erosionado la independencia de los tribunales en México.
«Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México», escribió Salinas, agregando que en el país «se está intentando imponer el miedo como método de control».
La postura del gobierno
La denuncia se presenta en el contexto de un prolongado pulso entre el empresario y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El pasado 21 de noviembre, durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a las críticas de Salinas, calificándolas como una estrategia de «mucho odio» contra su gobierno, su partido (Morena) y su persona, que consideró «muy contraproducente». La mandataria aseguró que su gobierno actúa conforme a la ley en la exigencia del pago de impuestos al conglomerado.
Antecedentes del conflicto
El conflicto fiscal es público. En diciembre, Salinas Pliego se refirió a un adeudo señalado por el SAT de 51 mil millones de pesos y expresó su disposición para encontrar una solución en enero, una vez que la autoridad entregue el desglose detallado de los cálculos. Su objetivo declarado entonces era «cerrar este capítulo».
Sin embargo, con la presentación de esta denuncia ante la OEA, el empresario ha optado por internacionalizar el conflicto, llevando lo que comenzó como una disputa fiscal al terreno de los derechos humanos y la libertad de expresión, en un movimiento que intensifica su enfrentamiento con el gobierno de México.