Foto: Especial
En un hecho inédito que marca un precedente en la lucha por erradicar la violencia en el trabajo, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió e inhabilitó a 16 funcionarios de la Unidad de Notificadores de Tribunales Colegiados en la capital del país.
La Comisión de Disciplina, órgano interno del PJF, emitió las sanciones luego de que una investigación exhaustiva demostrara la comisión reiterada de actos de violencia laboral, acoso y conductas misóginas.
De acuerdo con el fallo, difundido este 5 de febrero de 2026, 13 de los 16 servidores públicos recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días en su cargo actual. Además, fueron inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un período que va de tres meses a un año. Los otros tres funcionarios fueron destituidos de sus puestos de manera definitiva «por diferentes causas previstas en la ley», según informó el Tribunal.
Los detalles de las conductas sancionadas
El expediente, sustentado por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, documentó un patrón sistemático de comportamiento hostil. Las pruebas demostraron que los ahora sancionados ejercían actos de violencia laboral mediante lenguaje altisonante y comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios y ofensivos contra sus subalternos y compañeros.
De manera grave, la investigación acreditó conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido. En un caso específico, se determinó que un servidor público incurrió en acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos físicos no consentidos y reiterados, generando un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial.
La investigación también reveló prácticas laborales irregulares, como emplear indebidamente a personas ajenas al PJF para realizar notificaciones, con el fin de evadir responsabilidades laborales. Además, se comprobó que los implicados no acataban órdenes de sus superiores y, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público.
Un mensaje de tolerancia cero
El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, fue contundente al señalar que el compromiso del órgano es que «no existan intocables en el Poder Judicial de la Federación». En un comunicado, afirmó que se aplicará «todo el peso de la ley sin importar el cargo de la persona que infrinja la norma».
Estas declaraciones envían un mensaje claro sobre la política de tolerancia cero hacia cualquier forma de acoso o violencia dentro de la institución judicial, buscando sentar un precedente para casos futuros.
Un contexto de cambio y escrutinio
El fallo se da en un momento de especial escrutinio sobre las prácticas al interior del Poder Judicial. El caso expone fallas graves en el clima laboral de una unidad operativa clave y evidencia la implementación de mecanismos internos para investigar y sancionar este tipo de conductas, las cuales a menudo permanecen en la impunidad.
Las sanciones aplicadas —que combinan suspensiones temporales con inhabilitaciones para el servicio público— buscan ser proporcionales y ejemplares, buscando no solo castigar las faltas, sino también desincentivar conductas similares en toda la estructura judicial.
Este caso podría impulsar una revisión más amplia de los protocolos de prevención y actuación ante el acoso laboral y sexual en todas las instancias del gobierno, en línea con las demandas sociales por entornos de trabajo seguros y dignos para todas las personas.
