Foto: Goldgroup Mining
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que más de 200 concesiones mineras, en manos de empresas privadas, serán reintegradas al Estado mexicano tras un acuerdo para su devolución «voluntaria», al no encontrarse en producción.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proceso no implica una reversión forzosa por acto de autoridad. En cambio, los propios titulares han optado por regresar los títulos que mantenían inactivos. «Ellos mismos voluntariamente las devuelven. No hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresan, a petición, obviamente (del Estado)», detalló Sheinbaum.
Un mecanismo para liberar tierras concesionadas
La presidenta utilizó una analogía para ilustrar la lógica detrás de esta medida: «Es como el agua, si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería». El objetivo declarado es claro: evitar que grandes extensiones del territorio nacional permanezcan concesionadas sin actividad productiva, liberándolas para otros usos o para una posible asignación futura bajo criterios distintos.
Este movimiento se enmarca en la política de la administración actual de proteger los recursos naturales y reforzar la soberanía sobre ellos, sin perjudicar los niveles actuales de extracción. Sheinbaum fue enfática al señalar que buscan «mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede caer muchísimo. Pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones, esencialmente».
Diálogo con el sector y próximos pasos
Respecto a la relación con las empresas mineras, la presidenta confirmó que existe un diálogo abierto. Anunció que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, será el encargado de ofrecer los pormenores del proceso en los próximos días. «Que venga Marcelo a platicar, el Secretario de Economía. Pero les adelanto para que vean que estamos trabajando», afirmó.
Este anuncio representa un paso significativo en la política de recursos naturales del gobierno, equilibrando la agenda de soberanía con la necesidad de mantener la estabilidad en un sector económico clave. La recuperación de estos derechos, que según Sheinbaum superan el centenar, podría reconfigurar parte del mapa de aprovechamiento minero en el país.