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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York les imputa cargos por conspiración para traficar drogas y, en el caso de un exfuncionario, por el asesinato de un informante de la DEA y su familiar.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo). – El Gobierno de Estados Unidos formalizó este miércoles una contundente acusación penal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador Enrique Inzunza Cázares, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales. El señalamiento principal es haber tejido una red de protección política para colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, detalla graves imputaciones por separado. En el caso de un exfuncionario de seguridad identificado con el apellido Millán, se le acusa adicionalmente por su participación en los secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de ésta, los cuales resultaron en su muerte.
El comunicado oficial de la Fiscalía, titulado “Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, ofrece detalles del alcance de la investigación. El caso ha sido asignado a la Jueza federal Katherine Polk Failla.
Según las autoridades estadounidenses, el flujo masivo de drogas letales fue posible gracias a que los acusados utilizaron sus altos cargos para socavar las instituciones y proteger las operaciones del grupo criminal, recientemente designado como organización terrorista.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses”, declaró la Fiscalía. “Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la Ley”.
Además de Rocha Moya e Inzunza Cázares, la lista de imputados incluye al exsecretario de Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega, quien renunció a su cargo para dedicarse a “sus actividades empresariales” antes de ser señalado en esta trama.
El Administrador de la DEA, Terrance Cole, citado en el comunicado oficial, enfatizó la naturaleza de la amenaza: “El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
Las acusaciones clave:
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Narcotráfico y corrupción sistémica: Se acusa a los 10 funcionarios y exfuncionarios de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa.
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Violencia extrema: Un exmando de seguridad, de apellido Millán, enfrenta cargos específicos por el doble homicidio de un informante de la DEA y su familiar.
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Designación de Terrorismo: El caso se enmarca en la reciente designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por parte de EU, lo que intensifica la presión legal y política.
Con información de SinEmbargo