Foto: El Siglo de Durango.
Ciudad de México, 15 de mayo de 2026 — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó formalmente a todas las instituciones bancarias del país el bloqueo inmediato de las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de sus hijos, del senador Enrique Inzunza Cázares y de otros nueve altos funcionarios y mandos policiales, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una corte federal de Nueva York.
De acuerdo con el Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo y difundido a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano para un total de 14 personas. Los bancos tienen un plazo de 10 días hábiles para ejecutar la orden a partir de la notificación oficial.
La acción financiera se produce en medio de una creciente presión por parte de fiscales estadounidenses, quienes han solicitado órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los implicados. Las acusaciones en la Corte de Nueva York detallan una presunta red de protección política, financiera y policial que habría facilitado las operaciones del grupo criminal conocido como «Los Chapitos», incluyendo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el uso de estructuras gubernamentales para encubrir actividades ilícitas.
Los señalados y sus presuntos roles
La lista de bloqueados, según la investigación periodística, incluye a figuras clave del gobierno estatal y municipal de Sinaloa:
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Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, es señalado por presuntamente pactar apoyo electoral a cambio de impunidad, prometiendo designar a aliados del grupo criminal en puestos estratégicos.
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Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario General de Gobierno, está acusado de ser el enlace directo entre el gobierno estatal y «Los Chapitos» para negociar protección institucional.
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En el ámbito financiero, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, es identificado como coordinador logístico que entregaba información sobre rivales políticos al cártel.
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Varios mandos de seguridad pública y procuración de justicia, como el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, son acusados de recibir sobornos mensuales de hasta 16,000 dólares a cambio de filtrar información de operativos y permitir la libre operación del grupo.
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A nivel municipal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y dos jefes policiacos también figuran en la lista por recibir pagos para garantizar protección.
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La medida también alcanza a los cuatro hijos del gobernador: Rubén, Ricardo, Eneyda y José de Jesús Rocha Ruiz.
Postura del Gobierno de México
Hasta el momento, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha confirmado públicamente la ejecución de órdenes de captura contra los señalados. La administración federal ha sostenido que cualquier procedimiento de extradición se apegará estrictamente a los mecanismos legales y tratados de cooperación bilateral vigentes, mientras las investigaciones avanzan en ambos países. El congelamiento de cuentas representa, hasta ahora, la acción más contundente tomada en territorio mexicano en relación con este caso.