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El partido oficialista busca esclarecer si la organización política recibió recursos del presunto esquema de contrabando de combustibles en el que está implicado el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
Ciudad de México – La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, ha escalado al ámbito político. Este jueves, legisladores de Morena anunciaron que promoverán una investigación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar si el partido Somos México, en cuyo consejo participa Ruffo, recibió financiamiento de origen ilícito.
El senador Saúl Monreal informó que presentará una propuesta ante la Comisión Permanente para que el INE investigue a fondo el posible flujo de dinero proveniente del presunto esquema de contrabando de combustibles hacia la organización política. La petición surge tras las acusaciones que pesan sobre Ruffo Appel, a quien se le señala por el traslado de más de 140 millones de litros de combustible con sellos aduanales presuntamente falsificados.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, calificó el caso como un “golpe al discurso histórico del PAN sobre la alternancia democrática” y subrayó que la magnitud de la operación no puede atribuirse a un error administrativo, sino que evidencia una estructura de contrabando altamente organizada. A través de sus redes sociales, Mier insistió en la necesidad de deslindar responsabilidades más allá de la figura de Ruffo.
La confrontación política se intensificó con la intervención del expresidente Felipe Calderón, quien defendió al exmandatario panista y tachó el proceso en su contra como un caso de “justicia selectiva”. Esta postura fue replicada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien acusó a Calderón de “doble moral” al recordar que en el pasado responsabilizó públicamente a Ruffo de haber “entregado Baja California al crimen organizado”, y ahora lo presenta como una víctima de persecución política.
Desde las filas del PAN, la senadora Kenia López Rabadán insistió en la narrativa de que Ruffo es un “preso político” y argumentó que una operación de la magnitud del huachicol fiscal no pudo haberse ejecutado sin la participación y complicidad de funcionarios de diversas instituciones y niveles de gobierno.
Hasta el cierre de esta edición, Somos México no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de financiamiento ilícito. La organización política se limitó a hacer un llamado general para construir un pacto nacional contra el crimen organizado, sin referirse directamente al caso que involucra a su consejero.
El Senado mexicano se prepara ahora para discutir la solicitud de investigación, en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, marcado por el cruce de acusaciones sobre el uso de la justicia y el origen de los recursos políticos.