El fallo del CIADI desestima casi todas las reclamaciones de la empresa estadounidense, que buscaba una indemnización millonaria por la clausura de sus operaciones debido a graves daños ecológicos.
CIUDAD DE MÉXICO (28 de julio de 2026). – El gobierno de México obtuvo este lunes una victoria legal contundente en el arbitraje internacional que mantenía con la empresa Vulcan Materials Company, a través de su filial Calica, relacionado con el cierre definitivo de sus operaciones mineras en la costa de Quintana Roo.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo final que da la razón al Estado mexicano al desestimar “casi todas las reclamaciones” de la compañía estadounidense, según informó el gobierno federal en un comunicado oficial.
“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, explicó el Gobierno de México.
El arbitraje, realizado al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fue iniciado por Vulcan tras la clausura de su planta y el veto a la extracción de piedra caliza, argumentando que las acciones de las autoridades entre 2018 y 2022 constituían una expropiación ilegal de sus activos.
Sin embargo, el tribunal arbitral determinó que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano son procedentes. El único punto en el que se reconoció un agravio a la empresa fue por la clausura de un predio ocurrida en enero de 2018, una medida que, según destacaron las autoridades, representa “menos del 1% del monto original reclamado”.
“El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, señaló la administración federal en el comunicado.
Antecedentes: daño ecológico y cierre definitivo
La disputa legal tiene su origen en el histórico operativo de la compañía en la región maya. Durante casi cuatro décadas, Calica extrajo millones de toneladas de material pétreo del subsuelo marino y la selva para exportarlo a Estados Unidos, bajo concesiones otorgadas por gobiernos anteriores a la actual administración.
La crisis se agudizó cuando el gobierno documentó un grave impacto ecológico en la zona, que incluyó:
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La devastación de más de mil 200 hectáreas de selva.
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La destrucción de cenotes.
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La alteración irreversible del manto acuífero subterráneo.
Ante estos hechos, en 2022, la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró definitivamente las operaciones mineras por sobreexplotación de los límites autorizados. Posteriormente, el gobierno federal decretó los terrenos de Calica como Área de Protección de Flora y Fauna «Felipe Carrillo Puerto», blindando la región contra futuras actividades mineras de manera permanente.
Con este fallo, México no solo defiende su soberanía sobre los recursos naturales, sino que envía un mensaje sobre la certidumbre jurídica que ofrece a los inversionistas, siempre que sus operaciones se alineen con las leyes ambientales y el respeto a los tratados internacionales.
