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Ya podrá ser capturada: Juez le niega amparo a exdiputada del PRI, acusada de ser parte de red de reclutamiento sexual

Foto: Cuartoscuro

Un juez federal rechazó el amparo a Sandra Esther Vaca Cortés, quien tiene una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en una red de explotación sexual que operaba para el exdirigente priista.

Ciudad de México, 29 de julio de 2026 – La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya no tiene impedimento legal para ejecutar la orden de aprehensión contra Sandra Esther Vaca Cortés, luego de que un juez federal le negara este miércoles un amparo.

La decisión fue tomada por el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal, Érik Zabalgoitia Novales, quien resolvió no otorgar la protección de la justicia a Vaca Cortés, exdiputada local del PRI, en contra de la orden de captura girada en su contra el pasado 24 de abril.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sandra Esther Vaca Cortés contra el acto que reclamó consistente en la orden de aprehensión (…) por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada”, señala el acuerdo judicial publicado este miércoles.

El papel de la acusada en la red de reclutamiento

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, Vaca Cortés fungió como una pieza clave en el esquema de reclutamiento de mujeres que operaba para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, actualmente preso por trata de personas.

Su presunta función consistía en publicar anuncios de ofertas laborales en periódicos para contratar edecanes. Sin embargo, se les habría engañado, ya que, una vez dentro de las instalaciones del PRI, se les informaba que parte de sus labores incluía tener relaciones íntimas con el entonces dirigente partidista.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida originalmente por el juez interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México. Tras la negativa del amparo, Vaca Cortés aún tiene la posibilidad de impugnar esta resolución ante un tribunal superior.

El caso ha mantenido atención pública debido a la gravedad de los señalamientos de trata de personas y la posición política que ocupaban los involucrados en el momento de los hechos.

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