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Javier Milei privatiza por 30 años el 90% del agua potable de todo Buenos Aires
Foto: Legislativo Argentina.
El gobierno de Javier Milei privatizó la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), encargada de proveer agua potable y alcantarillado a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El Estado nacional aceptó una oferta económica de 340.2 millones de dólares por el 90% de las acciones de la compañía, marcando el regreso del servicio al sector privado 20 años después de su reestatización en 2006. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
Detalles clave de la operación
- El consorcio ganador: La oferta adjudicada correspondió al consorcio integrado por las firmas ROWING S.A., Arcos, Transclor y el fondo de inversión neerlandés PHX. Entre los empresarios detrás de la compra destacan Walter Román y Mauricio Filiberti (apodado «el rey del cloro»), quien ya era el principal proveedor de dicho insumo químico para la potabilización del agua de la empresa.
- Plazo y compromisos: El contrato contempla una concesión inicial de 30 años. Además del pago inicial, el grupo privado asumió el compromiso de realizar inversiones estimadas en 1,878 millones de dólares destinados a infraestructura, obras de mantenimiento y mejoras operativas del servicio.
- Traspaso de mando: Está previsto que el nuevo operador privado asuma el control total de la gestión entre enero y febrero de 2027.
Contexto y debate político
La venta se fundamentó desde el oficialismo bajo el argumento de que AySA operó de forma deficitaria durante años, requiriendo transferencias del Tesoro Nacional por cerca de 13,400 millones de dólares entre 2006 y 2023. No obstante, la medida reabrió una fuerte controversia ideológica y social: analistas y sectores de la oposición cuestionaron la privatización debido a que la empresa había alcanzado el superávit financiero recientemente tras los fuertes aumentos de tarifas implementados por la administración actual. Asimismo, advierten sobre el impacto directo que esto podría tener en el precio futuro de las tarifas y el acceso generalizado a este recurso esencial.
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