Ciudad de México/Guadalajara — Diputados locales de Morena en Jalisco anunciaron este lunes que impulsarán ante la Cámara de Diputados federal un juicio político contra el gobernador Pablo Lemus Navarro, en respuesta directa a la represión policial registrada durante la megamarcha del domingo en Guadalajara.
El origen: crisis del agua detona el reclamo
El 11 de octubre, decenas de miles de habitantes de Jalisco marcharon desde la Glorieta Minerva hasta la Casa Jalisco para protestar por la crisis de contaminación del agua que afecta desde hace meses a la zona metropolitana de Guadalajara. Los manifestantes denunciaron que el suministro presenta olores fétidos, coloración anómala y sedimentos, lo que representa un riesgo para la salud pública.
La marcha transcurrió de forma pacífica en su primera etapa, pero al llegar a la casa de gobierno algunos participantes derribaron las vallas de seguridad. La policía respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Según el reporte oficial, hubo 39 detenidos y 28 policías lesionados, dos de ellos graves; organizaciones de derechos humanos, en cambio, elevaron la cifra a 51 detenidos y denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La acusación: “crimen de Estado” y represión sistemática
En conferencia de prensa, el diputado Alejandro Puerto calificó la actuación policial como un “crimen de Estado” y acusó directamente al gobernador Lemus de haber ordenado atacar a los manifestantes. Reconoció que el juicio político requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados federal, pero llamó a la ciudadanía a mantenerse movilizada para presionar a los legisladores federales a revisar el caso por encima de intereses partidistas.
La diputada Mariana Casillas subrayó que debe fincarse responsabilidad a la cadena de mando y no solo a los agentes en campo. “No puede seguir siendo como siempre, que la cuerda se revienta por lo más delgado, que se castiga a quien ejecuta cuando evidentemente hay quien da la orden desde arriba”, afirmó.
La ruta jurídica y los antecedentes
Conforme a la normativa mexicana en materia de juicio político, el procedimiento contra un gobernador requiere que la Cámara de Diputados apruebe por mayoría calificada la “declaración de procedencia” y la turné al Senado para su resolución. Se trata de un umbral alto que exige respaldos transexenales. Los legisladores admitieron la dificultad política, pero señalaron que comenzarán por reunir pruebas: que el gobernador prometió que no habría represión, su actuación antes y después de los hechos, y si estaba enterado o no del operativo.
No es el primer choque entre Morena y Lemus. En febrero de 2026, la diputada local Candelaria Ochoa lo denunció por “violencia política de género” tras un video en el que el mandatario la acusó de “querer cambiar el sexo de las infancias”. En septiembre, Morena llevó ante el Tribunal Electoral federal al gobernador y al alcalde de Guadalajara por presuntos actos anticipados de campaña.
Más allá del juicio: exigencias de comparecencia y revisión del proyecto hídrico
Además del juicio político, los diputados exigieron la comparecencia urgente ante el Congreso local de varios funcionarios estatales: el secretario de Gobierno, Salvador Zamora; el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández; el fiscal general, Salvador González de los Santos; y el director de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, este último señalado de haber autorizado el uso de camiones de bomberos para lanzar agua contra los manifestantes.
Los legisladores también anunciaron que revisarán el proyecto del nuevo acueducto hacia el Lago de Chapala. Advirtieron que el esquema de inversión privada podría elevar el costo a cerca de 50 mil millones de pesos, más del cuádruple de su valor real estimado. Asimismo, pedirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos las carpetas de investigación abiertas por los hechos y exigirán al Sistema de Agua Potable un informe sobre los vertidos irregulares en el canal de Las Pintas.
Presión desde la dirigencia nacional de Morena
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, escaló la presión desde la Ciudad de México al exigir directamente la renuncia del gobernador Lemus. “Si no puede con el cargo, si no tiene capacidad para garantizar los servicios básicos y los derechos de la población, que renuncie”, declaró. También demandó la liberación inmediata de todos los detenidos y la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal.
Los obstáculos por resolver
Analistas señalan que el juicio político enfrenta un umbral político significativo: necesita votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro. Morena, aunque es primera fuerza en la Cámara, requeriría sumar a otras fuerzas políticas. En tanto, el gobernador Lemus, militante de Movimiento Ciudadano, no ha emitido una postura formal sobre la solicitud. Previamente ordenó revisar la actuación policial y reconoció que el reclamo ciudadano por el agua es “legítimo y justo”.