Foto: INE
CDMX.- Según las investigaciones presentadas por el Gobierno Federal, la presunta red de proveedores de materiales electorales conformada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibió
2 mil 094 millones de pesos mediante contratos otorgados por 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) entre los años 2015 y 2023, periodo que coincidió con la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del
Instituto Nacional Electoral (INE).
.
La información clave compartida por las autoridades competentes y el Órgano Interno de Control (OIC) detalla el estado actual de las investigaciones:
- Esquema de operaciones: Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló en la conferencia matutina del 5 de noviembre de 2026 que el grupo empresarial presuntamente recurrió a la simulación de competencia en las licitaciones para concentrar las adjudicaciones de papelería y materiales electorales a nivel estatal.
- Alcance temporal: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reportes del OIC aclararon que este modelo de proveeduría tiene antecedentes estructurales que datan de la década de 1990. No obstante, las autoridades enfatizaron que el esquema se consolidó tras la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió la facultad de designar a los consejeros de los institutos locales (OPLEs).
- Montos en otros periodos: De acuerdo con los mismos informes oficiales, la red continuó operando posteriormente, obteniendo contratos adicionales por un valor de 646.3 millones de pesos entre los años 2024 y 2025 mediante 15 organismos locales.
- Acciones administrativas: Como consecuencia de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo e inmovilización preventiva de diversas cuentas bancarias ligadas a las personas físicas y empresas involucradas.
Por su parte, exconsejeros electorales e integrantes de administraciones previas han señalado en diversas ocasiones que las licitaciones y asignaciones contractuales de los OPLEs corresponden a la autonomía administrativa de cada estado, y que sus respectivas gestiones al frente del órgano central del INE fueron debidamente auditadas y fiscalizadas en su momento.
.
Las indagatorias formales continúan abiertas ante la ASF y las instancias internas de fiscalización con el fin de deslindar responsabilidades legales y determinar si existieron faltas administrativas o delitos por parte de proveedores o servidores públicos.
