Las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre 10 cuentas congeladas de líderes del Movimiento Antorchista Nacional incluyen los ingresos generados por una cadena de 15 restaurantes, otra de seis hoteles, ocho gasolineras, además de que irán tras líderes o representantes que hayan fungido como prestanombres.
Las pesquisas también se enfocarán a las constructoras y grúas vinculadas a la organización, y sus parques vehiculares para el transporte público. Aunque los últimos días ha trascendido que líderes del movimiento en la región de la mixteca poblana también podrían estar involucrados, entre los que resalta la alcaldesa de Tepexi de Rodríguez, Alondra Méndez Betancourt, además de otros representantes de las regiones de Puebla, Tecomatlán, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Zacapoaxtla.
Es importante señalar que los antorchistas se han convertido también en prósperos empresarios gasolineros, pues poseen al menos ocho gasolineras, repartidas en Tecomatlán, Cuetzalan del Progreso, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, Ixcaquixtla, la Angelópolis y Huamuxtitlán, Guerrero.
Y es que la organización, que tiene como bandera política la supuesta lucha a favor de los pobres, ostenta una cadena de al menos seis hoteles con sedes en la capital del país Tecomatlán, Apulco y Acatlán de Osorio, así que en unos días podrían darse a conocer más nombres de ex funcionarios y de otros que actualmente están vigentes trabajando en alguna dependencia y determinar que han infringido en la ley.
En tanto que los mismos líderes de la organización se han pronunciado al respecto, asegurando que esta situación se trata de una persecución política por parte del gobierno federal y del estado de Puebla. Por lo que el movimiento ha generado manifestaciones en diferentes puntos de la entidad poblana sin generar tanto peso en las decisiones de las autoridades.
ANTORCHA Y SU VIOLACIÓN AL TRANSPORTE
Con el paso de los meses o los años, la representación de las rutas cambia de titularidad. Antorcha Campesina utiliza a los inconformes para legalizar los vehículos irregulares y exigir mayores canonjías para los eventuales, limitando la operación de los miembros concesionados legítimos hasta el punto de su eliminación del derrotero, lo que repercute en pérdidas económicas al patrimonio de los concesionarios legítimos.
En el interior del estado de Puebla, donde era más factible el otorgamiento de concesiones y permisos, los antorchistas utilizan la coacción social para demandar más de lo técnicamente posible y obtener así las notificaciones para sus representados, beneficiando a los eventuales irregulares.
Se calcula que este modo de operar de Antorcha Campesina afecta al menos a 37 municipios: Acatlán de Osorio, Ahuehuetitla, Amozoc, Atlixco, Azumbilla, Cañada Morelos, Ciudad Serdán, Chiautla de Tapia, Chila de las Flores, Chietla, Coatzingo, Guadalupe Santana, Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Molcaxac, Petlalcingo, San Juan Ixcaquixtla, San Gabriel Chilac, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca y Tehuacán.
Asimismo, en Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepeojuma, Tepexi de Rodríguez, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Teziutlán, Piaxtla, El Seco, Santa Clara Ocoyucan, Coxcatlán, San Jerónimo Tecuanipan, Zinacatepec, Acatzingo y Altepexi, además de la capital estatal.
En esas demarcaciones, había hasta hace dos años denuncias de transportistas que tenían sus documentos y automotores en regla, acerca de 124 unidades incorporadas de manera ilegal por los antorchistas a las rutas y se habían contabilizado a 996 unidades particulares de la organización prestando el servicio mercantil.