“Se entenderá como beneficiario final a la persona o grupo de personas que tengan el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior –que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos—, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuario de alguien que realice actividades vulnerables o se lleve a cabo actos u operaciones con éstos a su nombre”. Se lee en la reforma.
La reforma señala que se entenderá como “cliente o usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables” para ser utilizadas por los criminales en relación al lavado de sus ganancias.
Cabe mencionar que todas las personas físicas y morales que se encuentren en la lista de actividades calificadas como vulnerables tendrán la obligación de “identificar al beneficiario final de sus clientes o usuarios, recabando documentación oficial que permita identificarlo y, en su caso, recabar del cliente o usuario que participe en actividades vulnerables la declaración acerca de si tiene o no conocimiento de un beneficiario final”.
Asimismo, las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado ya tienen preparado el proyecto de dictamen para la reforma que dará permiso a las instituciones mexicanas combatir el lavado de dinero apoyadados de más herramientas legislativas, que se construirán a partir de una propuesta que se realizó por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de planteamientos hechos por la panista Minerva Hernández y los senadores morenistas Ricardo Monreal, Alejandro Armenta y Daniel Gutiérrez Castorena.