El gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, exhortó al presidente del Senado, a su Mesa Directiva, al presidente de la Junta de Coordinación Política, a los coordinadores parlamentarios, a las senadoras y al senador poblano, así como a cada uno de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que la designación que este día harán del próximo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), se dé con reposo, con madurez, con alto profesionalismo y que permita la elección de una persona de alto perfil, conocedora del derecho en materia electoral, que no esté ligada a intereses políticos ni a intereses oscuros, aseveró.
Durante videoconferencia, el titular del Ejecutivo destacó que Puebla necesita de instituciones electorales sanas y aclaró que el llamado que hace al Senado de la República no es para opinar a favor de alguno de los aspirantes, sino para que, desde ese espacio se garantice el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal Electoral del Estado; de lo contrario esto representarían un riesgo para la transformación emprendida en la entidad.
“Pido al Senado de la República que asuma esta función de designar este espacio del Tribunal Electoral del Estado como se le caracteriza: con reposo, con madurez y con un alto profesionalismo, llamo a las dos senadoras y al senador poblano para que busquen eso, que el nuevo integrante del Tribunal Electoral sea una persona de alto perfil, conocedora del derecho en materia electoral y que no esté ligada a intereses políticos, intereses oscuros, sería muy riesgoso que designaran por intereses personales y políticos a una persona de riesgo”, destacó.
De igual manera, el mandatario reiteró que respeta al Senado de la República y a las decisiones que emanan desde este poder y resaltó que en Puebla se trabaja para lograr esas transformaciones, “no seremos un gobierno que use recursos públicos a favor de nadie”.
Finalmente, Barbosa Huerta recordó que fue a través de las reformas político-electorales del 2013 y 2014 que se otorgó al Senado la facultad para el nombramiento de los magistrados electorales, misma que tuvo como objetivo, garantizar la independencia de los titulares de los tribunales electorales y para frenar el control que los gobernadores ejercieran sobre estos órganos.