Foto: Ricardo Gallardo
LA ESTAFA POLLESCA
Nunca, históricamente, el magisterio potosino, en todos sus niveles educativos, había sido golpeado tan abierta, fuerte y sistemáticamente por un gobierno estatal como hoy con el Gallardismo.
Docentes y directivos obligados a afiliarse al partido verde; vigilados en sus redes sociales personales para engrosar cual granja viviente de bots, la publicidad partidista oficial; sometidos a despidos y a causas penales bajo el pretexto de violaciones a los derechos humanos con toda la intención de que resientan la fuerza del poder, y la vulnerabilidad individual; renuencia al pago completo de salarios a trabajadores activos y a la entrega de pensiones a los jubilados; evasión para el pago de adeudos de juicios concluidos; y el remate: la complicidad de las corruptas cúpulas sindicales que precisamente ocupan hoy ese espacio por el respaldo político y económico del gobernador.
Hasta el día 24 de abril del 2026, cerca de 3800 docentes estatales del nivel telesecundaria ni siquiera imaginaban la pesadilla que se les avecinaba, con amenaza de plazo fatal para 6 días después.
Uno a uno comenzaron a constatar que disponían de menos de una semana para pagar al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar para el 30 de Abril, cantidades que van desde los 40 mil hasta cerca de los 200 mil pesos.
¿Las causas?. No es que las maestras y maestros potosinos reciban salarios exhorbitantes que les obliguen fiscalmente a pagar esas cantidades.
Los factores son diversos. Pero uno, el de origen, es el más importante.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo, desde la primera quincena de su administración en el año 2021 estuvo reteniendo los impuestos de docentes de telesecundaria, pero no los entregó a la Federación. Y así lo continuó haciendo por los años 2022, 2023, y 2024.
Hasta fines de 2025, obligado por las políticas nacionales emprendidas por el Gobierno Federal, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, al autollamado Pollo Gallardo no le quedó de otra que timbrar fiscalmente la nómina de todo el 2025.
Y ese fue el detonante para que, ahora en 2026, haya explotado la situación que preocupa y angustia a miles de maestras y maestros que obviamente no cuentan con esas cantidades para pagar al fisco.
Gallardo y sus compinches en el gobierno y en la cúpula sindical potosina, se encuentran ansiosamente haciendo malabares administrativos y fiscales, auxiliándose de cómplices que tiene en la Secretaría de Educación Nacional como el caso de su amigo y socio Mario Delgado Carrillo, así como de efectivos contactos en la Secretaría de Hacienda.
Necesita Gallardo, y necesita urgentemente, solucionar el problema fiscal de los maestros de Telesecundaria. No realmente preocupado por ellos, sino, en el fondo, para encubrir, desaparecer, esfumar, borrar, invisibilizar, los rastros de sus acciones fiscales criminales de 2021 a 2024.
Vaya que también por eso necesita que su propia dinastía le releve en el gobierno estatal. Mínimo mínimo quién le garantice que le va a proteger cuando comiencen a aflorar más temas como estos, pues eso de la Retención de Impuestos y no entrega a la Federación lo hicieron anteriormente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y en el gobierno municipal de la Capital del Estado.
Las consecuencias legales de lo narrado no son de poca importancia, sino al contrario, de alto relieve.
Es conocido a nivel nacional el término «Estafa Maestra» por un esquema de corrupción ligado al expresidente Enrique Peña Nieto y a la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, presa por varios años.
Asimismo, en el estado de Hidalgo se documentó una situación similar de corrupción bautizada como «La Estafa Siniestra» por la cual exfuncionarios estatales de primer nivel así como presidentes municipales y exalcaldes se encuentran tras las rejas.
No es cosa menor. Si las leyes se aplicaran con justicia, el otrora invencible gallardismo se enfrentaría a una verdadera hecatombe pues la proyección de lo retenido y no entregado ronda fácilmente los mil millones de pesos.
Retener el «I ESE ERRE» de los trabajadores y no entregarlo a la Federación es una de las faltas más graves en el sistema fiscal mexicano, ya que no es solo una omisión administrativa, sino que el Código Fiscal Federal lo clasifica directamente como: ¡DELITO!.
Para la proyección del caso de 1,000 millones de pesos y 3800 docentes afectados, los señalamientos penales actuales serían los siguientes:
1. DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. Artículo 109, fracción Segunda del Código Fiscal de la Federación.
Comete este delito quien:
«Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.»
Al tratarse de una cantidad que supera con creces los 3.8 millones de pesos (límite inferior para la pena máxima), la sanción penal es de 3 a 9 años de prisión según el Artículo 108 del Código Fiscal Federal.
Calificación de Grave. Si se utilizaron esquemas de simulación o engaños para ocultar la retención, la pena puede aumentar hasta en una mitad.
2. USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES. Artículo 217 del Código Penal Federal.
Comete este delito el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta a aquella a la que estuvieren destinados (en este caso, usar el dinero del ISR de los docentes para gasto corriente u cualquiera otro fin en lugar de pagarlo al SAT).
La pena es de 6 meses a 12 años de prisión y multas proporcionales al daño causado.
3. EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO. Artículo 214 del Código Penal Federal.
Los funcionarios sabían que tenían la obligación de enterar esos impuestos y omitieron hacerlo afectando el patrimonio del Estado, porque el SAT cobrará multas y recargos millonarios, incurren en esta figura penal por el daño patrimonial colateral al erario público. La pena es de 2 a 7 años de prisión.
4. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Artículo 113 bis del Código Fiscal Federal.
Si tres o más personas se organizan de forma permanente o reiterada para cometer defraudación fiscal por montos superiores a los 12 millones de pesos, el caso podría ser atraído bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto implicaría:
Prisión preventiva oficiosa y penas mucho más severas, de 8 a 16 años de prisión, para los cabecillas del esquema financiero, aumentadas hasta en un cincuenta por ciento al tratarse de servidores públicos como
Gobernador
Secretario de Educación
Secretario de Finanzas
Tesorero del Estado
Una labor jurídica a conciencia bien podría vincular también por complicidad a las dirigencias sindicales en esos años.
Esta historia de LA ESTAFA POLLESCA apenas inicia.
Los capítulos siguientes dependerán de las decisiones de los docentes que hoy pagan el pato (o mejor dicho el pollo) y que decidieran que estos agravios queden en la impunidad.
Pero sobre todo, depende de la Federación, que puede, como en el pasado reciente, comprobable, hacerse de oídos sordos y de la vista gorda por intereses políticos y electorales nacionales…