Foto: Gobierno de México
Las comisiones unidas de Gobernación y de Anticorrupción y Transparencia aprobaron el dictamen por el que se ratifica a Raquel Buenrostro Sánchez, como titular de la Secretaría de la Función Pública.
Con la ausencia del PAN y un solo voto en contra del PRI, los órganos legislativos que presiden la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el senador Francisco Daniel Barreda Pavón dieron su respaldo al nombramiento con los votos de Morena, PT, PVEM y MC.
Durante su comparecencia, Raquel Buenrostro Sánchez dijo que no considera un retroceso la reforma que desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues en Estados Unidos no tienen órganos autónomos, y en el caso de Canadá la transparencia depende del Ejecutivo, “y si revisamos cómo es en todo el mundo, la regla no es que sean autónomos, sino la excepción y son los menos”.
Aseguró que en los gobiernos de la cuarta transformación “no hay simulación” en el combate a la corrupción, tal y como ocurrió en el caso de Segalmex, pues el Gobierno Federal hizo 156 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Además, señaló que 46 personas se encuentran prófugas con orden de aprehensión, 26 ya fueron vinculadas a proceso y los exfuncionarios públicos responsables de los hechos se encuentran en prisión.
“En mi paso por el SAT, nosotros fuimos de las áreas que más denuncias presentaron ante la Fiscalía General de la República y ante el Poder Judicial, y seguimos esperando justicia, por eso celebramos los cambios en el Poder Judicial para democratizar la justicia”, expresó.
Raquel Buenrostro Sánchez afirmó que se tienen que sancionar los actos de corrupción públicos y privados, de manera que sea “más caro violar la ley que cumplirla”. Reiteró que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrá cero tolerancia a la corrupción, ya que se harán los ajustes necesarios para mejorar y facilitar la rendición de cuentas, pues están obligados a rendirle cuentas al pueblo, por lo tanto deben ser más eficientes.
También aseveró que propondrán que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no sea la última instancia que resuelva las solicitudes de transparencia, sino que sean los tribunales administrativos los que tengan la última palabra.