Ciudad de México – Tras la polémica generada por la reincorporación del diputado Sergio Mayer a sus funciones legislativas, luego de su participación en el reality show La Casa de los Famosos, diputados de Morena presentaron este 15 de abril de 2026 una iniciativa para reformar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La propuesta, conocida extraoficialmente como la “Ley Anti Sergio Mayer”, busca impedir que los representantes populares soliciten licencias temporales para participar en proyectos de entretenimiento o actividades recreativas personales.
El diputado suplente de Mayer, Luis Morales Flores, respaldó la medida y señaló que la reforma tiene como objetivo “dignificar la función pública”, subrayando que el Congreso debe ser un espacio dedicado exclusivamente al trabajo legislativo.
Causales vigentes y nueva cláusula prohibitiva
Actualmente, la ley permite licencias por enfermedad grave, asunción de otro empleo público, contienda por un cargo de elección popular, procesos judiciales o funciones partidistas. La iniciativa morenista añade una cláusula que niega cualquier solicitud de licencia cuando el motivo sea la participación en programas de televisión, concursos u otras actividades ligadas a la industria del entretenimiento.
Disculpa pública y posibles sanciones
Al retomar su curul, Sergio Mayer ofreció una disculpa pública a los sectores que se sintieron ofendidos por su decisión, aunque defendió que su participación fue legal conforme al marco normativo vigente. No obstante, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió temporalmente sus derechos partidistas mientras se determina si su conducta violó los principios del movimiento.
El legislador no descartó volver a ausentarse en el futuro ante una oportunidad similar, al declarar que “sería hipócrita decir que no”. Ante esta postura, la bancada mayoritaria busca acelerar la aprobación de la ley antes del último trimestre de 2026, periodo en el que se rumora que Mayer podría integrarse a un nuevo proyecto televisivo.
La reforma representa un esfuerzo por trazar una línea divisoria entre la exposición mediática y la responsabilidad gubernamental.