Foto: Especia
Un tribunal estadounidense ordenó a la familia Weinberg y sus empresas devolver los recursos obtenidos mediante contratos ilícitos durante el sexenio de Felipe Calderón.
Ciudad de México, 20 de mayo de 2026 — En un nuevo y significativo avance en el combate a la corrupción, el Gobierno de México anunció este miércoles la recuperación de más de 578 millones de dólares vinculados al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La acción se concretó luego de que un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos, ordenara la devolución de dichos recursos al erario mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, los fondos provienen de contratos públicos obtenidos presuntamente de manera ilícita por la familia Weinberg y su entramado empresarial durante administraciones pasadas. La trama, que ya ha derivado en la histórica condena de García Luna por narcotráfico en una corte de Nueva York, continúa revelando el profundo desfalco al patrimonio nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que con esta reciente resolución judicial, el monto total recuperado por este esquema de corrupción asciende ya a más de 3 mil 67 millones de dólares, una cifra que representa un resarcimiento sin precedentes para las finanzas públicas del país.
«Este logro es resultado de una estrategia jurídica internacional sólida y coordinada para que los recursos robados al pueblo de México regresen a su legítimo dueño», señaló un vocero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que ha liderado las investigaciones patrimoniales del caso.
La orden del tribunal floridano representa el más reciente capítulo en el largo proceso para desmantelar la fortuna amasada por la red de corrupción que encabezó quien fuera el zar de la lucha contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón. Las autoridades mexicanas anticiparon que continuarán con los litigios en el extranjero para recuperar más activos, subrayando que la cifra final podría aumentar en los próximos meses.
Este anuncio se produce en un momento clave, reforzando el discurso del actual gobierno sobre la recuperación de la memoria y la justicia histórica, al tiempo que envía una señal contundente contra la impunidad de exfuncionarios de alto nivel y sus cómplices empresariales.