La mandataria estatal fue llamada a comparecer el próximo 27 de mayo, en el marco de las investigaciones por un laboratorio clandestino desmantelado y la presencia de agentes estadounidenses en la entidad. Asegura que asistirá, pero critica que no se actúe igual en otros casos, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para el próximo 27 de mayo, como parte de las indagatorias sobre el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado y la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.
La mandataria panista confirmó la recepción del citatorio y aseguró que acudirá al llamado ministerial. “Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró al ser cuestionada sobre el tema. Sin embargo, Campos lanzó un reclamo directo a la autoridad federal por lo que considera un trato diferenciado frente a otros mandatarios señalados.
En específico, la gobernadora contrastó su situación con la de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien ha sido señalado desde Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. “Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad? Ante la Fiscalía General de la República ni a ningún otro gobernador de este país”, enfatizó.
Campos, quien goza de fuero constitucional por su cargo, subrayó que dicho impedimento legal no será obstáculo para atender el procedimiento, aunque lamentó lo que interpreta como un uso político de las investigaciones. “Lamento mucho que los hayan utilizado para dañar”, expresó, en una crítica a la forma en que se manejó la notificación, la cual, a su juicio, afecta institucionalmente a Chihuahua.
La comparecencia de la gobernadora se da en el contexto del operativo federal que permitió la localización de laboratorios clandestinos en la entidad, donde se reportó la colaboración de agencias estadounidenses en labores de inteligencia y coordinación. El caso mantiene la atención sobre la relación entre los estados y la federación en materia de seguridad, así como sobre el escrutinio público a los servidores públicos de alto nivel.