De acuerdo con un reportaje que forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggersos, los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal.
Asimismo, se detalla que entre 2014 y 2019 gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma.
Estas administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.
Los recursos fueron presuntamente desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.
Gobiernos de diversos partidos políticos han hecho uso de las empresas fantasma entre 2014 y 2019.
El uso de las empresas de papel se convirtió en una práctica común en este país. Los estados de la frontera no fueron la excepción. Los gobiernos comandados por los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas (2011-2016); Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Baja California Sur (2011-2015); Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (2009-2015), y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila (2011-2017) acumularon cientos de millones de pesos pagados a empresas que ahora se hallan boletinadas por el SAT.