Foto: @Irma_Sandoval/ Telediario/ Yahoo/ Wikimedia
La Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval presentó 44 denuncias penales que hicieron referencia a la llamada estafa maestra, por un daño a la Federación por más de 4 mil 500 millones de pesos supuestamente cometidos por funcionarios del sexenio pasado.
Esto fue dado a conocer en el Segundo Informe de Labores de la Función Público, en el que se describió detalladamente que las denuncias se derivaron de la revisión de más de 60 convenios suscritos por 27 dependencias por parte de la administración pública federal con universidades públicas y otras instancias para proveer bienes y servicios para que los que no tenían facultad, lo que es probable que resulte en hechos constitutivos de delitos.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros refirió en su informe de trabajo que de las 44 denuncias presentadas, cinco de ellas estuvieron relacionadas con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, seis con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y finalmente dos se involucraron con la Comisión Federal de Electricidad.
Dos denuncias se relacionaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por su parte las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, Pronósticos para la Asistencia Pública, Seguridad Alimentaria Mexicana, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional contaron con una sola denuncia cada una.
Dentro de los procesos de la Función Pública se incluyeron también a las dos secretarías en las que Rosario Robles fungió como titular: ocho denuncias contra Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y once para la de Bienestar antes llamada Desarrollo Social.
Para finalizar, cabe mencionar que se trató de denuncias relacionadas con “un total de 62 convenios, en los que posiblemente estuvieron involucrados servidores públicos en la forma de operar conocida como la estafa maestra, que podría representar una afectación patrimonial al erario del orden de hasta 4 mil 528 millones 870 mil 469.87 pesos, aún no determinado”.
Con información de La Jornada