Foto: Mi Punto de Vista / Agenda del Desarrollo Social / Twitter.
Tras el escándalo causado por los señalamientos del Ministro Luis María Aguilar sobre la supuesta «inconstitucionalidad» de la consulta para el juicio a los expresidentes, el reconocido académico John Ackerman acabó con los argumentos del Ministro destacando que la consulta popular no solo es constitucional, sino que la respuesta no invalidaría un posterior actuar de la ley ni se sobrepasarían los derechos de nadie, llamando a su razonamiento «espurio e hipócrita».
En su columna para el medio La Jornada, John Ackerman, evidenció que esto se trata, como muchos sospecharon, de una treta por parte de los que antes gobernaron México, todo ello disfrazado por las palabras del Ministro Luis María Aguilar «como una supuesta defensa del derecho del pueblo a enjuiciar a los expresidentes».
Aunando en ello, esta clásica respuesta del prianismo ha evocado en que lo presentado por Aguilar, aquel proyecto de sentencia que ha declarado al juicio de expresidentes como un acto de politización e inconstitucionalidad, sea realmente un intento de evadir la justicia por parte de aquellos que dañaron el país.
«Este razonamiento es espurio e hipócrita. No existe elemento alguno en la pregunta propuesta por López Obrador que podría generar una “obligación” al Fiscal General de la Nación (FGN) a “archivar” o “determinar el no ejercicio de la acción penal” en contra de los expresidentes», denunció el académico John Ackerman.
Y ello, a su vez, ha revelado que, «con su proyecto, el Ministro ponente demuestra que prefiere quedar bien con los antiguos amos del país que abrazar los nuevos tiempos democráticos»; por lo que su argumento de que ello implica una obligación sobre el fiscal o el cierre del caso, pierden validez.
Añadió que si bien no es necesario realizar la consulta con el fin de detener o enjuiciar a los exmandatarios mexicanos, sí lo es para demostrar que la democracia realmente vive en México gracias al Gobierno Federal, para que no se acuse de persecución política y que se sepa que, de primera mano, el pueblo aprueba que se haga la justicia respectiva.
«La pregunta redactada por López Obrador no presume culpabilidad alguna de parte de los expresidentes sino que se limita a preguntar si los ciudadanos están de acuerdo con que exista ‘la presunta comisión de delitos’ y que ‘las autoridades competentes’ hagan su trabajo», remarcó Ackerman en su columna.
Con información de: La Jornada.