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Ciudad de México, 9 de julio de 2026 – En un giro contundente en su estrategia diplomática, el Gobierno de México anunció este jueves que presentará demandas penales ante las fiscalías de Estados Unidos y el Departamento de Justicia por la muerte de un migrante mexicano durante un operativo migratorio en Texas, así como por otros 14 casos de connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El canciller Roberto Velasco, en conferencia de prensa matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que se solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para «pasar del ámbito diplomático» y acudir directamente a las cortes estadounidenses. «Vamos a presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable», afirmó Velasco, quien subrayó que esta es una instrucción directa de la mandataria.
El caso que desencadenó la acción
La medida responde al reciente asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que recibió un disparo de un agente del ICE durante una redada en Houston, Texas, y falleció horas después en un hospital. Este hecho, sumado a la cifra de al menos 17 mexicanos muertos en incidentes similares desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., ha llevado al gobierno mexicano a endurecer su postura.
Acciones en tres frentes
La estrategia legal anunciada por el canciller se divide en tres ejes principales:
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Acciones penales: Se presentarán querellas ante las fiscalías estatales de Texas y el Departamento de Justicia de EE.UU. para que se investiguen los homicidios en el ámbito penal.
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Acciones civiles: El gobierno federal demandará a las empresas privadas que operan los centros de detención migratoria, a las que ya se les enviaron cartas de «cese y desistimiento» por «condiciones violatorias de los derechos humanos» que, según la cancillería, contribuyeron a la muerte de 14 mexicanos.
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Instancias internacionales: En paralelo, México solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para la protección de sus ciudadanos en centros de detención, y exigirá al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que intervenga en el tema.
«La prioridad de nuestro trabajo es la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales», enfatizó Velasco, quien añadió que, aunque las acciones legales son el nuevo foco, la comunicación con el Departamento de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU. se mantiene como una prioridad absoluta.
El anuncio marca un endurecimiento significativo en la relación bilateral en materia migratoria, al trasladar el conflicto del terreno diplomático al judicial. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que «esto será el punto central» de las conversaciones con el gobierno estadounidense.