Tal y como se ha informado, el gobierno del estado de Puebla y el del municipio tienen una disputa legal por cuestiones de designación. Todo comenzó cuando el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, anunció que habría nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla”, lo que implicó el cese fulminante de Lourdes Rosales Martínez.
Por lo anterior, se presentó Carla Morales Aguilar, designada para rendir protesta a la sesión de Cabildo; sin embargo, su nombramiento no fue incluido en la orden del día. Y no rindió la protesta de ley.
Por su parte, el gobernador denunció la omisión del acto, señalando que existen causas de fuerza mayor, por lo que la ley le da la facultad para nombrar titular de seguridad pública en el municipio.
Posteriormente, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, expuso que no se hizo la toma de protesta, pues hacía valer el municipio libre y su decisión está apegada al artículo 115 constitucional, fracción séptima, que cita: “La policía municipal está a cargo únicamente del presidente municipal”.
Tras las declaraciones de Rivera, Miguel Barbosa denunció que la Policía de Rivera Vivanco está coludida con el crimen organizada, añadiendo que la secretaría de seguridad municipal tiene nexos con la delincuencia organizada.
Por tal motivo, el gobierno municipal presentó una demanda de controversia constitucional, con base en el rtículo 105, con el fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal.
Por si fuera poco, se solicitó la suspensión de todos los actos que tengan la intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la policía. Dicho en otras palabras, se pidió que tanto el gobierno estatal como el municipal deberán dejar a las corporaciones policiales en las condiciones en que se encuentran, es decir a la baja de la incidencia delictiva.
Cabe señalar que, tras dicha acción de Claudia Rivera, el mandatario estatal aseguró que los operativos en la capital de Puebla no frenarán, y las acciones se realizarán entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), sin contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual tiene entre sus filas a 84 elementos policiales que reprobaron los exámenes de
control de confianza.
En respuesta ante la acción jurídica promovida por Claudia Rivera Vivanco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante la postura de funcionarios municipales, Barbosa Huerta refirió que la alcaldesa sabe quiénes están coludidos con la delincuencia, pues él se lo hizo saber para qué los diera de baja, situación a la que se negó Claudia Rivera Vivanco.